La experiencia de Santa Fe demuestra que es posible avanzar hacia un sistema de riesgos del trabajo más previsible, técnico y sustentable. El desafío ahora es que otras jurisdicciones se animen a discutir reformas similares. Por Diego Guaita, CEO de Grupo San Cristóbal y Presidente de ADIRA
| La Asociación de Aseguradores del Interior de la República Argentina (ADIRA) valoró la reciente reforma impulsada por la provincia de Santa Fe, al considerar que representa un avance significativo para mejorar la previsibilidad del sistema de riesgos del trabajo y reducir la litigiosidad laboral. Desde la entidad señalaron que, mientras los índices de siniestralidad laboral vienen mostrando una tendencia descendente en los últimos años, la litigiosidad continúa creciendo en distintas jurisdicciones del país, generando distorsiones que afectan tanto la sustentabilidad del sistema como la competitividad de las empresas, especialmente de las pequeñas y medianas. En ese marco, destacaron la sanción de la Ley 14.437, que introduce modificaciones al Código Procesal Laboral y a la normativa provincial de adhesión al sistema de riesgos del trabajo. Según ADIRA, la iniciativa apunta a fortalecer la objetividad técnica de los procesos, reducir conflictos innecesarios y brindar mayor previsibilidad a trabajadores, empleadores y aseguradoras. Entre los principales cambios, la nueva legislación establece que quienes recurran a la Justicia deberán presentar fundamentos concretos que justifiquen apartarse de los dictámenes emitidos por las Comisiones Médicas. Asimismo, crea un Cuerpo Especializado de Profesionales dentro del Poder Judicial, integrado por expertos seleccionados por concurso, que intervendrá en las pericias vinculadas a accidentes y enfermedades laborales. Para la asociación, este último aspecto resulta especialmente relevante, ya que la calidad técnica y la objetividad de las pericias constituyen elementos fundamentales para fortalecer la confianza en el sistema. En ese sentido, sostuvieron que la existencia de reglas claras, criterios homogéneos y mayor previsibilidad contribuye a generar mejores condiciones para todos los actores involucrados. ADIRA también destacó que el impacto de estas reformas trasciende el ámbito jurídico. En provincias con una fuerte actividad productiva, como Santa Fe, los costos asociados a la litigiosidad laboral terminan repercutiendo directamente sobre las empresas, el empleo y las decisiones de inversión. En particular, remarcaron que para muchas PyMEs la incertidumbre vinculada a futuros reclamos judiciales representa una dificultad concreta al momento de planificar su crecimiento. Por ese motivo, desde la entidad consideraron que avanzar hacia sistemas más eficientes y técnicamente sólidos no debe interpretarse únicamente como una discusión del sector asegurador, sino también como una cuestión vinculada a la competitividad, el desarrollo productivo y la generación de empleo formal. ADIRA recordó además que viene promoviendo desde hace años marcos regulatorios que aporten mayor previsibilidad y reduzcan la conflictividad innecesaria, sin afectar los derechos de los trabajadores. En ese contexto, sostuvo que la experiencia santafesina demuestra que es posible alcanzar un equilibrio entre la protección laboral y la sostenibilidad del sistema. Finalmente, la asociación señaló que el desafío más importante será la implementación efectiva de la reforma, garantizando que el nuevo esquema funcione con agilidad, profesionalismo y transparencia. No obstante, consideró que la iniciativa constituye una señal positiva para el resto del país y alentó a otras provincias a impulsar reformas que contribuyan a reducir la litigiosidad, fortalecer la seguridad jurídica y generar mejores condiciones para producir y trabajar. |
