Un informe impulsado por Mapfre, la Fundación Iberoamericana Empresarial y CAF propone una estrategia regional basada en seguros, resiliencia financiera y alianzas público-privadas. El documento será presentado para su análisis en la próxima Cumbre Iberoamericana.

América Latina y el Caribe enfrenta un escenario de creciente exposición a los desastres naturales, con un promedio de un evento por semana durante los últimos 50 años. En ese período, estos fenómenos provocaron cerca de 100.000 fallecimientos y pérdidas económicas superiores a los 360.000 millones de dólares, mientras que cuatro de cada diez habitantes de la región resultaron afectados.

Los datos surgen del informe Hacia una Estrategia Iberoamericana de Respuesta a los Desastres de Origen Natural: Resiliencia, Seguro y Alianzas Público-Privadas, impulsado por la Fundación Iberoamericana Empresarial (FIE), Mapfre y CAF-Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe.

El documento fue presentado a la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB) para su análisis en la XXX Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, prevista para el 4 y 5 de noviembre de 2026 en Madrid.

El estudio advierte que el cambio climático está intensificando fenómenos como huracanes, inundaciones, sequías, olas de calor e incendios forestales, con consecuencias que van más allá de los daños materiales. Estos eventos afectan la infraestructura, interrumpen actividades económicas y cadenas logísticas, reducen ingresos y generan presiones sobre las finanzas públicas.

El seguro como herramienta para acelerar la recuperación

Si bien la región registró avances en protección civil, prevención y sistemas de alerta temprana, el informe señala la necesidad de incorporar mecanismos financieros que permitan responder con mayor rapidez ante las catástrofes.

En este sentido, propone complementar las herramientas tradicionales de emergencia con seguros, reaseguros, coberturas paramétricas, bonos catastróficos y fondos de contingencia.

Según los especialistas, los eventos de menor impacto pueden afrontarse mediante reservas presupuestarias, mientras que las catástrofes más severas requieren instrumentos de transferencia de riesgos capaces de reducir las consecuencias económicas y facilitar la reconstrucción.

Uno de los principales desafíos identificados es la brecha de protección aseguradora, que alcanza el 81% en América Latina y el Caribe. Esta situación refleja la elevada proporción de pérdidas económicas que no cuentan con respaldo asegurador.

El documento también estima que la región necesita invertir hasta 31.000 millones de dólares anuales en infraestructuras resilientes frente a inundaciones y huracanes, además de movilizar otros 15.000 millones de dólares hasta 2030 para iniciativas de adaptación y gestión del riesgo de desastres.

Diez medidas para fortalecer la resiliencia regional

El informe, elaborado por Manuel Balmaseda, Ángel Melguizo y Víctor Muñoz, propone un decálogo de medidas orientadas a mejorar la capacidad de respuesta de los países y reducir el impacto social y económico de los fenómenos extremos.

Entre las principales recomendaciones se encuentran incorporar la resiliencia financiera como prioridad de Estado, reducir la brecha de protección aseguradora, identificar los riesgos y activos de mayor relevancia económica y social, e impulsar alianzas público-privadas con reglas claras.

También plantea garantizar mecanismos de pago rápidos y transparentes, aprovechar la innovación tecnológica y financiera para ampliar las coberturas, vincular el aseguramiento con la prevención y desarrollar estándares compartidos entre los países iberoamericanos.

La propuesta destaca especialmente la necesidad de mejorar el acceso de las personas y las pequeñas empresas a coberturas frente a riesgos catastróficos, mediante herramientas que permitan superar las barreras económicas, informativas y de distribución.

Una estrategia regional de cooperación público-privada

La iniciativa busca establecer una segunda línea de defensa frente a los desastres naturales, complementaria a los sistemas de protección civil, mediante instrumentos financieros que permitan disponer de recursos de forma anticipada.

En este esquema, la colaboración entre gobiernos, aseguradoras, reaseguradoras, organismos multilaterales y otras entidades privadas resulta fundamental para ampliar la capacidad de respuesta y evitar que las consecuencias de las catástrofes se prolonguen durante años.

El informe sostiene que avanzar hacia una estrategia iberoamericana coordinada permitiría acelerar la recuperación económica, proteger a las poblaciones más vulnerables y fortalecer la estabilidad fiscal de los países frente a un escenario de riesgos climáticos cada vez más exigente.